El Estado de California, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos e inmigrantes, ha reafirmado la vigencia de su ley SB 54 como medida de protección a inmigrantes. Esta ley también se conoce como Ley de Valores de California, estableciendo medidas de protección importantes a favor de personas con estatus migratorios irregulares.
Por medio de esta ley, el Estado californiano les prohíbe a sus autoridades locales colaborar con las autoridades federales en el desarrollo e implementación de políticas, programas o acciones aisladas que tengan como propósito la identificación y deportaciones de personas.
El presidente Trump presentó una demanda contra la ley para anularla. Sin embargo, tribunales federales dictaron que la ley es legal. Señalaron que cada Estado tiene facultad para decidir cómo y cuándo colaborar con el gobierno federal.
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